No es la primera vez -y me temo que no será la última- que confrontaré opiniones con alguien sobre el tema fronterizo. He escuchado comentarios del tipo “Las fronteras están para respetarlas” o “¿Qué pasaría si vinieran oleadas de migrantes a España?”. Este tema ha supuesto para mí en ocasiones un quebradero de cabeza porque había algo que no encajaba: ¿por qué migra la gente actualmente? Y me respondían que a causa de la pobreza. Una condición que quedaba naturalizada en su discurso para ciertas áreas geográficas del planeta (¡como si la escasez de recursos económicos estuviera intrínseca y naturalmente vinculada a eso que llamamos África o Latinoamérica!). Si tiramos del hilo para arrojar un poco de luz sobre las condiciones materiales que sustentan estos movimientos forzados de personas, nos encontramos con formas extractivistas de explotación, situaciones de inseguridad alimentaria, conflictos armados o difíciles coyunturas debidas al cambio climático, entre otras.
Durante las Jornadas África Activa de Dakar tuvimos la suerte de establecer contacto con diversas asociaciones senegalesas y personas que trabajan en ellas. Una de ellas era miembro del Comité Nacional de Diálogo Social sobre la Pesca, Acuicultura y Recursos Offshores de Senegal (CNDS-PAH). En la actividad pesquera es en la que me voy a centrar en el presente artículo.
La pesca es una de las principales actividades de subsistencia en Senegal. Este país, con una extendida tradición marítima, genera entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo según estimaciones (Rodríguez, 2018; Fernández, 2019). De hecho, la teoría más aceptada del origen del nombre Senegal es la que afirma que procede del wolof “sunu gaal”, cuya traducción sería “nuestra canoa”.
De cualquier modo, el extractivismo pesquero por parte de buques europeos en aguas senegalesas -principalmente españoles y franceses- conlleva un grave impacto ambiental y socioeconómico. Por un lado, la sobreexplotación de los ecosistemas marinos reduce la biodiversidad de la zona, poniendo en peligro la sostenibilidad de esta actividad esencial para la subsistencia de los senegaleses. Por otra parte, el incremento de las dificultades para competir con las formas de pesca masiva no tradicionales tiene un grave impacto para los niveles de desempleo en este sector y, preocupante también, sobre la seguridad alimentaria en un país donde el 70% del aporte proteico depende del pescado. En este contexto, a muchos senegaleses no les queda más remedio que migrar.
Esta situación está sostenida jurídicamente en el “Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Senegal”, que entró en vigor en 2014 y cada cinco años debe ser ratificado. Este acuerdo bilateral -el gobierno senegalés también participa de esta actividad extractiva- regula las condiciones y contrapartidas financieras de los pesqueros europeos en aguas senegalesas. En el plano económico cabe destacar que supuso una entrada de 13.930.000 euros para el estado senegalés (desglosado en el Artículo 3 del Protocolo), así como que los cánones por exceder los límites de la cantidad de pesca permitida son irrisorios (Artículo 3.5 y 3.6 del Protocolo). ¿Las retribuciones económicas de los estados europeos se traducen realmente en mejoras en las condiciones de vida de la población o favorece el mantenimiento de esta relación de dependencia Norte-Sur?
Si bien es cierto que la mayoría de los alimentos pesqueros se quedan en el continente africano (un 69% según datos del ICEX), las partidas arancelarias de exportaciones a España aumentan año tras año, como se puede observar en el gráfico inferior. Y ya no es solamente que el destino del alimento sea uno u otro, sino que los medios de obtención del mismo queda poco a poco en manos de grandes empresas transnacionales, arrebatando a los locales -en este caso, a los pescadores- la soberanía alimentaria de la comunidad.
Teniendo en cuenta estas pequeñas pinceladas de las dinámicas de extracción pesquera en Senegal por parte de Europa -también de barcos surcoreanos y chinos- querría destacar dos conclusiones. En primer lugar, la mayor parte de las migraciones actualmente son movimientos forzados de personas motivados por una situación de vida insostenible en los lugares de origen. En ese sentido, tanto los estados europeos como africanos participan como agentes reguladores del flujo de personas en función de las necesidades del mercado de trabajo global. Normalmente las personas migrantes, debido a una situación de vulnerabilidad estructural, son manos de obra barata que explotar. Por ello, cuando hablamos de fronteras debemos plantearnos que existen límites administrativos para personas pero, ¿y qué pasa con los recursos expoliados que circulan “libremente” por el mundo (alimentos, minerales, petróleo, gas…) y cuya extracción está a la raíz de las situaciones de pobreza?
Por otro lado, deberíamos tomar consciencia como consumidores de las implicaciones que tiene nuestro consumo: comprobar la procedencia de lo que consumimos y tratar de reducir la cantidad. En definitiva, desarrollar alternativas de mercado local y economías sostenibles (como el decrecimiento) quizás puedan ayudar como contrapeso a estas dinámicas capitalistas. Para que en una parte del planeta podamos existir de una forma, en otra hay personas despojadas de las condiciones básicas para vivir o de la vida misma.
Autor: Francisco Rabasco González